Delsa Solórzano, Coordinadora de Derechos Humanos y Justicia de Un Nuevo Tiempo | Foto: Prensa UNT
En Venezuela, mientras se consolida el uso por parte del Estado de una política represiva indiscriminada, cuyo objetivo es esencialmente el control social de todo tipo de disidencia, es claro el ánimo persecutorio contra quienes luchan por la democracia.
Vemos cómo en estos últimos días o semanas el régimen ha puesto el acelerador en la represión. Hay detenciones arbitrarias, “legalizadas” por un sistema judicial que usa a los tribunales como órganos ejecutores de un proceso para silenciar a quien ose pensar distinto y ejercer el derecho constitucional a la protesta. El régimen aumenta la represión directa a las movilizaciones populares, a las luchas sindicales o estudiantiles, tanto de manera explícita con palos, balas de goma y de las otras, y adecuando el aparato judicial y legislativo para que cualquier protesta sea aplastada.
Los jueces han cumplido su papel de “boas constrictor” reprimiendo con el código penal en la mano a luchadores populares, aplicando generosa y forzadamente figuras como el atentado y resistencia a la autoridad, la coacción agravada, la interrupción del tránsito vehicular, la asociación ilícita, la prepotencia ideológica, la instigación a cometer delitos, el daño, la usurpación, etcétera.
Así ocurre, por ejemplo, en las causas seguidas a dirigentes como Richard Blanco, Prefecto de Caracas, Oscar Pérez, miembro de ABP, y ahora Julio Rivas, estudiante de Carabobo. Son los nuevos perseguidos y presos políticos que se suman a una larga y nutrida lista de venezolanos que el régimen ha identificado como enemigos de la revolución. Como tales, según el régimen, deben ser asfixiadas sus voces y para ello deben ser confinados a prisiones, a la persecución u obligados a pasar a ser exilados políticos.
Las legislaturas nacionales han ido paulatinamente acomodando la normativa para dar mejor cabida legal a las conductas que el Estado quiere tipificar como delictivas porque lo ponen en potencial riesgo.
Que los organismos de seguridad del Estados desarrollen esta conducta tan antidemocrática es procaz, pero que los jueces se presten a este juego macabro es prueba irrefutable de la falta de escrúpulos de muchos de “entogados” que juraron como jueces servir a la Patria y a la Justicia.
Y será precisamente la Patria quien se los reclamará duramente y hará que paguen por los delitos y vagabunderías cometidas.
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