Tomas Guanipa, Secretario General de Primero Justicia
Desde Primero Justicia hemos venido insistiendo en contrastar nuestra visión con la del Gobierno en un tema donde las propuestas son radicalmente distintas, y se trata de la propiedad. El contraste es muy claro: mientras el Presidente está obsesionado con adueñarse de absolutamente todo, nosotros creemos firmemente en la potencia de darles propiedad a todos los venezolanos y en que tengan una poderosa palanca para progresar.
Estamos hablando de que en lugar de ver al presidente Chávez asignando, como si estuviera manejando una bodega, los dividendos de una empresa pública a un determinado requerimiento, con su famoso “y eso lo vamos a sacar de tal empresa…”; nuestra propuesta es que esos dividendos vayan directamente a esos fondos personalizados de educación para los niños y jóvenes, y que ese dinero pueda ser invertido posteriormente en los estudios universitarios y de posgrados de los venezolanos.
Sin considerar el caso de Pdvsa, que ahora se ha adueñado de todas las empresas contratistas que le daban servicios, tenemos todas las cementeras como Cemex y otras, todo el sector eléctrico como La Electricidad de Caracas, Cadafe y demás; las telecomunicaciones con Cantv y Movilnet; los bancos como el Venezuela, el Industrial y otras instituciones financieras gubernamentales; todas las empresas básicas de Guayana con todo el sector acero y aluminio, hasta empresas mas pequeñas como Lácteos Los Andes o la recién inaugurada fábrica de pañales y toallas sanitarias.
Estamos hablando de un Gobierno dueño de empresas en prácticamente todos los sectores de la economía del país, y en ellas los venezolanos no tienen ninguna participación. Hay un ejemplo muy claro que demuestra que para el Presidente no existe una democracia económica verdadera, donde los venezolanos sean dueños de las empresas “nacionales”, y es el caso de los accionistas clase B de Sidor, quienes luego de la estatización de la empresa quedaron en el limbo y ni se les compran sus acciones ni se les dan dividendos acordes a su participación, y siguen clamando por sus derechos a los beneficios que genera esa empresa.
Nuestra propuesta es muy concreta, una verdadera democratización de la propiedad en Venezuela. Si los venezolanos fuéramos beneficiarios directos de esas empresas, no permitiríamos que ocurriera lo que pasa con el Banco Industrial, el cual, por ejemplo, ha quebrado ya no sabemos cuántas veces, o lo de Sidor y otras empresas de Guayana que están por el suelo.
Ahí sí tendríamos a 28 millones de guardianes vigilantes de la corrupción en esas empresas y no esas “cajas negras” donde nadie sabe nada ni qué se hace con todos los recursos que se generan.
Eso es justicia, que los venezolanos sean verdaderamente dueños de las riquezas del país, verdaderos beneficiarios directos de sus empresas.
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