Realizada la audiencia ante la Sala Político Administrativa del TSJ contra el Currículo Bolivariano | Foto: Archivo
En audiencia pública y con la presencia de Delsa Solórzano Coordinadora Nacional de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia de Un Nuevo Tiempo, Luis Izquiel Asesor Jurídico de la tolda azul y miembros de la Asociación de Padres y Representantes del estado Carabobo como recurrentes, Eurídice Civira Procuradora del Estado, y Rossana Orihuela Fiscal del Ministerio Público, se expusieron los argumentos para la solicitud de aprobación del amparo constitucional contra el decreto 5907 promulgado por el Presidente de la República en donde se establece la entrada en vigencia del currículo bolivariano.
Delsa Solórzano, Coordinadora Nacional de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia de Un Nuevo Tiempo enfatizó que la razón principal por la que se interpone este amparo constitucional es para evitar la ideologización de la educación venezolana. “Es importante que en nuestro sistema educativo se respete la libertad de pensamiento, la educación debe ser integral, libre y democrática para todos los venezolanos; estamos dando la batalla desde hace año y medio para evitar que se imponga este currículo bolivariano que tiene contenidos muy graves como la creación del hombre nuevo”.
“El recurso de amparo interpuesto ante el TSJ es una medida que estoy ejerciendo como una ciudadana común de este país, y principalmente como madre preocupada por la educación de mis generaciones futuras, para evitar que nuestros hijos sean parte de un sistema educativo ideologizado, politizado” indicó la dirigente de la tolda azul.
Así mismo destacó que las condiciones en las que se fija la audiencia son de particular atención ya que “se fijan hoy, en plenas vacaciones escolares y ya efectuada la primera discusión del proyecto de Ley Orgánica de Educación en el seno de la Asamblea Nacional”.
Dentro de la Sala
Luis Izquiel, asesor jurídico de Un Nuevo Tiempo, presentó los argumentos por los cuales solicitan el amparo constitucional frente al decreto presidencial, enumerando las razones por las cuales consideran al mismo como violatorio de la Carta Magna y contradictorio con la Ley Orgánica de Educación, señalando que “la primera de ellas es que viola el artículo 102 de la Constitución Nacional que garantiza una educación libre para todos los venezolanos, y que al mismo tiempo, dicho decreto contradice lo establecido en la Ley Orgánica de Educación”.
“La segunda razón tiene que ver con la vulneración del artículo 5 de la Carta Magna en donde se consagra la soberanía del pueblo venezolano, debido a que acerca del currículo nacional bolivariano forma parte de una de las medidas de reforma constitucional, reforma que se sometió a consulta popular el 2 de diciembre y fue negada por el pueblo venezolano”.
Seguidamente intervino la vocera de la Asociación de Padres y Representantes del estado Carabobo para dejar sentado la preocupación de una parte de la población venezolana acerca del contenido “exageradamente militarista” que presenta el currículo bolivariano.
Tomó la palabra, de conformidad con los procedimientos legales la representante de la Procuraduría General de la República para presentar los alegatos por parte del estado venezolano, señalando lo siguiente: “nosotros solicitamos que no se declare con lugar el amparo interpuesto por los recurrentes ya que el ejecutivo nacional lo único que hizo fue cumplir con sus funciones al desarrollar los artículos contemplados en la Ley Orgánica de Educación, ya que es de competencia del Estado reglamentar el funcionamiento del sistema educativo”.
Por otra parte hizo referencia al tema de la denominación de “bolivariano” agregando que el apellido de “bolivariano” lo ha tomado el legislador inspirado en el preámbulo de la Constitución Nacional en donde se establece que Venezuela debe guiarse por los principios de Simón Bolívar. Y también dejó claro a los presentes en la sala que con esa medida se reivindicaba el “necesario culto a Bolívar como padre de la patria”.
Acto seguido, Delsa Solórzano tomó la palabra para esgrimir algunas consideraciones hechas por la Procuradora explicando: “el Estado venezolano está en la obligación de garantizar una educación con libertad de pensamiento para todos, y debemos hacer claras diferencias entre los conceptos pedagógicos utilizados en la norma educativa vigente y los que se utilizan en el decreto presidencial, los cuales son distintos, por lo que de nuevo se evidencia una clara violación de la Constitución y de la Ley Orgánica de Educación”.
Posteriormente, la Fiscal del Ministerio Público hizo su intervención señalando que “lo que ha hecho el decreto es fungir como el reglamento que simplemente desarrolla a la Ley Orgánica de Educación. Este recurso de amparo es un discurso político por parte de la oposición, y el Estado le garantiza la educación a todos los venezolanos”. Al mismo tiempo se dirigió a los presentes en la Sala con las siguientes preguntas ¿Cuál es el problema que la Educación sea Bolivariana? ¿Cuál es el problema que la Educación sea Bolivariana si Bolívar es un tema que no puede ser usado como tolda política?
Así mismo destacó que el “Culto a Bolívar no es algo que le pertenece a un color político, el pensamiento bolivariano nos cubre a todos los venezolanos por igual y nadie puede adueñarse de ello, los maestros no son quienes pueden determinar que se puede o debe enseñar acerca de Bolívar, todo este debate es producto de la transculturización que nos ha impuesto la oposición”.
Al final de la sesión
A las afueras del TSJ una vez finalizada la sesión Solórzano indicó “Los magistrados del TSJ tienen en sus manos la decisión, ellos pueden detener el nuevo proyecto de ley o se pueden convertir en los juristas del horror como tantos otros. El Tribunal no ha decidido hoy, se ha tomado sus 20 días correspondiente para hacer de conocimiento público su pronunciamiento, quedará en la conciencia de cada uno de ellos la responsabilidad de tener una educación libre o idelogizada para nuestros hijos”
Prensa UNT
Por Redacción | Tags:
Jul 24, 2009 
May 4, 2010 