Luis Izquiel, Abogado, Penalista, Criminologo y Constitucionalista, Asesor Legal de Un Nuevo Tiempo
Una de las ofertas electorales más importantes con la que Hugo Chávez conquistó el voto de la mayoría en 1998, fue la depuración y transformación de un sistema de justicia que muchos sentían corrupto e ineficiente. La manera de hacerlo era supuestamente a través de Asamblea Constituyente, cuyos representantes efectivamente fueron electos un 25 de julio de hace ya diez años.
El tiempo demostró que la promesa del mejoramiento de la justicia era una estafa electoral y que detrás de ella se escondía la conformación de un aparato judicial destinado a la feroz persecución de todo a lo que suene a disidencia política.
La primera acción de aquella Asamblea Constituyente en este sentido, fue declarar el 18 de agosto de 1999 una “emergencia judicial” -para lo cual no estaba facultada- con la presunta intención de depurar los tribunales. Dicha emergencia se mantiene hasta nuestros días y, es la que ha permitido el despido de jueces, titulares o provisorios que se atrevan a tomar una decisión que contravenga las ordenes de los jerarcas de régimen, tal como ocurrió con la juez Alicia Torres, que se negó a decretar en contra de su conciencia y de la ley, una medida cautelar de prohibición de salida del país a Guillermo Zuloaga, directivo de Globovisión.
En continuación de esta estrategia de control del aparato judicial, en 2005 se aprobó la ley del TSJ mediante la cual se ampliaron el número de magistrados de las diferentes salas y fueron colocados allí fichas políticas con las cuales el Gobierno cuenta hoy incondicionalmente.
Para que el dominio de los tribunales fuera completo y no quedara ningún resquicio de independencia, los magistrados del TSJ, en sala plena, dictaron el 18 de marzo de este año, una resolución mediante la cual ampliaban la situación de emergencia también a los empleados tribunalicios, es decir, alguaciles, escribientes, secretarios etc. A través de esta resolución, han sido despedidos cientos de trabajadores de los tribunales, incluso aquellos que gozan de fuero sindical.
Todas estas acciones y atropellos, han motivado que organismos internacionales como la comisión y la corte interamericana de Derechos Humanos y la relatoría de justicia de la ONU, se hayan pronunciado en contra del Estado venezolano.
Analizando los pasos de esta historia, sumado a lo que ocurre igualmente con el ministerio público, no queda la menor duda de que la toma por asalto del aparato de justicia venezolano, era una meta que con premeditación trazaron los militares felones que junto a Hugo Chávez dieron los dos golpes de Estado de 1992. Sin este control de la justicia el ejecutivo y el legislativo, no pudieran cometer actos inconstitucionales, como la aprobación de leyes que cercenen la libertad de expresión o medidas como el ilegal cierre de 34 emisoras de radio.
El articulo 16 de la Declaración de los Derechos Del Hombre y del Ciudadano de 1789 dispone: “toda sociedad en la cual la garantía de los Derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución”. A falta de una justicia constitucional, la obligación de garantía de la vigencia de la Constitución, queda en manos de los ciudadanos, ese es el llamado.
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