El presidente del organismo, Augusto Montiel, advirtió que la usura es castigada de acuerdo al Código Penal. Foto: Archivo.

Caracas.- El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), inició una serie de procedimientos de inspección en los diversos centros comerciales de la capital de la República, ante una serie de denuncias presentadas por comerciantes que se quejan incrementos indebidos en las tarifas de alquiler que deben pagar por los locales donde laboran.

En ese sentido, el presidente de ese organismo, Augusto Montiel, señaló que de acuerdo a las denuncias recibidas, algunos centros comerciales han aplicado incrementos en las tarifas de alquiler de hasta tres veces por encima de lo establecido en los contratos.

En ese sentido, señaló que se están organizando todas las denuncias recibidas y la información a fin de comunicar a nivel nacional a todos los ciudadanos acerca de estas irregularidades.

“No se puede alquilar un local para luego especular y caer en un mecanismo de usura, este término está penalizado en el Código Orgánico procesal Penal”, manifestó Montiel, según cita de AVN.

Neson Mezerhane y Guillermo Zuloaga. Foto: Archivo.

Caracas.- El presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, anunció ayer que no se entregará a las autoridades venezolanas tras la orden de detención en su contra emitida por el Poder Judicial el pasado 12 de junio.

“Con mi entrega no le hago ningún favor al país, a Globovisión ni a mi familia”, expresó el empresario en declaraciones telefónicas ofrecidas en el programa Aló Ciudadano.

Sobre Zuloaga pesan acusaciones por “acaparamiento, usura y agavillamiento”, como consecuencia del hallazgo de un lote de vehículos Toyota en una propiedad suya, los cuales estarían siendo guardados para ser vendidos a un precio superior al establecido y fueron incautados por el Indepabis.

“Yo le pido al presidente, que en vez de esconderse detrás de las faldas de Cilia Flores, de Luisa Estela Morales, Luisa Ortega Díaz, se atreva a enfrentar a verdaderos periodistas venezolanos, para explicarle al país el desastre en el que ha convertido a Venezuela en estos 11 años de gobierno”, añadió el empresario.

Por su parte Nelson Mezerhane, presidente del Banco Federal y directivo del canal de noticias Globovisión, declaró a CNN en español que tras la intervención a puertas cerradas de la entidad financiera que presidía sería imprudente volver a Venezuela.

Remarcaje de precios y venta de productos vencidos fueron las irregularidades detectadas por los funcionarios del Indepabis. Foto: Archivo.

Los Roques.- El Instituto para la Defensa en el Acceso a las Personas a Bienes y Servicios (Indepabis), realizó un operativo especial en el Archipiélago de Los Roques a fin de “combatir la especulación de los productos de primera necesidad”.

El coordinador regional del Indepabis, José Useche, afirmó que le fueron abiertos procedimientos administrativos a 48 comercios de la zona tales como panaderías, supermercados y abastos, los cuales incurrieron en irregularidades tales como remarcaje de precios o ausencia de los mismos.

El funcionario también indicó que fueron decomisados productos alimenticios vencidos de hasta un año, los cuales estaban siendo vendidos al público y fueron puestos a las órdenes de la Guardia Nacional, a fin de que sean destruidos para evitar su consumo.

Useche también recordó a la ciudadanía que el número telefónico 0800 reclama (7325262), está disponible para que sean denunciadas irregularidades cometidas por comerciantes en perjuicio de los consumidores y usuarios.

Los implicados admitieron los hechos pero se encuentran en libertad condicional. Foto: Archivo.

Coro.- Los comerciantes Davide Patrit Guido y Luca Caruzo Poerio, fueron condenados a tres años de cárcel por la presunta comisión de los delitos de acaparamiento y alteración fraudulenta de precios.

La información fue dada a conocer a través de un boletín de prensa del Instituto Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), en el que se cita una información del diario “La Mañana” de Falcón, donde se señala que luego de un procedimiento de inspección realizado el 25 de abril de 2008, se pudo corroborar que en el segundo piso del supermercado La Franco Italiana, estaban depositados 3 mil 952 kilos de leche en polvo, 3 mil 492 unidades de mayonesa, 5 mil kilos de harina precocida, un mil paquetes de arroz, tres recipientes de un químico removedor de esmalte y algodón, además de varios frasco de vidrio con tinta removida.

Vale destacar, que el Ministerio Público presentó a Patri Guido y a Caruzo Poerio el mismo 25 de abril de 2008, ante el Tribunal 2° de Control de Punto Fijo, imputándolos por presunto acaparamiento y alteración de los precios, aunque le otorgaron medidas cautelares de presentación cada 30 días, no obstante, fue el pasado jueves 21 de enero, durante un acto preliminar, que los imputados admitieron los hechos por lo que fueron condenados a tres años de prisión. En la actualidad se encuentran en libertad y seguirán con dicha situación hasta que el Tribunal de Ejecución les otorgue el beneficio de conformidad con la pena imputada.

Indepabis adelante jornadas de fiscalización a nivel nacional. Foto: Archivo.

Porlamar.- El Instituto de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), sancionó con cierre temporal a una tienda Makro ubicada en Nueva Esparta, al detectar irregularidades en el proceso de fijación de precios durante una jornada de fiscalización.

El director insular de Indepabis, Luis López, anunció que también fue ordenado el cierre de las tiendas El Economato y Margarita PC, por fallas en el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley.

“En el trabajo de este martes se fiscalizaron nueve grandes negocios y se cerraron tres comercios”, indicó.

El funcionario también afirmó que estas acciones cuentan con el respaldo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y de la Fuerza Armada Nacional Bolivarina (FANB).

Indepabis desplegó un conjunto de operativos especiales para detectar especulación y remarcaje de precios por parte de comerciantes ante la devaluación de la moneda que entró en vigor el pasado lunes.

Indepabis puso a disposición de la población dos líneas telefónicas para denunciar empresas que hagan cobros irregulares a los usuarios. Foto: Archivo.

Caracas.- El ministro del Turismo, Pedro Morejón, indicó que las personas que adquirieron sus boletos aéreos a 2,15 para viajes al exterior hasta este lunes, no están obligados a pagar a las aerolíneas ni agencias de viajes ningún tipo de recargo como consecuencia de la devaluación del bolívar frente al dólar entrada en vigencia a partir de ayer lunes.

El alto funcionario afirmó que aunque todo lo relacionado con viajes al exterior deberá ser cancelado con un dólar a Bs.F 4,30 por dólar, los viajeros no pueden ser obligados a cancelar dinero extra.

Por su parte, la directora nacional del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Valentina Querales, destacó que estarán vigilantes y dispuestos a actuar con base a denuncias que hagan los ciudadanos.

En ese sentido, el Indepabis puso a disposición de la colectividad el número telefónico: 0800-RECLAMA (7325262) y 0800-CALIDAD cuyas líneas están activas las 24 horas del día, para denunciar cobros irregulares o subidas intempestivas de precios por parte de comerciantes y prestadores de servicios.

Remarcaje y omisión de facturas fueron las irregularidades en que incurrieron algunos comercios. Foto: Globovisión.

Caracas.- El Instituto para la Defensa en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), clausuró hoy temporalmente 70 negocios en todo el territorio nacional por incurrir en remarcaje de precios y especulación.

Entre los negocios sancionados se encuentran ventas de repuestos, cadenas de supermercados, tiendas de electrodomésticos y cadenas que venden alimentos, los cuales omitieron facturas y remarcaron precios de algunos productos.

Tal jornada continuará realizándose durante los próximos días a fin de frenar prácticas especulativas en establecimientos comerciales, entre las cuales figura el remarcaje de precios a propósito del ajuste al tipo de cambio del dólar oficial anunciado el pasado viernes por el Presidente de la República, Hugo Chávez.

“Es una práctica ilegal que los establecimientos comerciales cambien el precio de los productos que ya tengan en existencia”, informó la directora de Fiscalización del Indepabis, Valentina Querales, según cita de la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).

La funcionaria advirtió que la “reposición de precios” que argumentan los comerciantes para remarcar precios es un “cuento chino” puesto que ellos tienen en existencia fueron adquiridos con un dólar a 2,15  instó a los consumidores a no hacer compras nerviosas y no dejarse especular por comerciantes inescrupulosos.

Los precios serán de obligatorio acatamiento por comerciantes. Foto: Archivo.

Caracas.- El día de hoy entraron en vigencia los precios establecidos por el gobierno nacional para el arroz y la harina de maíz precocida, de acuerdo a Gaceta Oficial Nº 39.208, el pasado viernes 26 de junio de 2009.

Mediante resoluciones conjuntas de los Ministerios de Comercio, para la Agricultura y Tierras, y para la Alimentación, se fijó el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) para el kilo de harina de maíz precocida en Bs 2,72, y el del kilo de arroz blanco de mesa quedó ajustado de la siguiente manera: en su presentación tipo I, Bs 2,82; tipo II (Bs 2,71); y tipo III (Bs 2,62).

Asimismo, el precio del maíz blanco de producción nacional pagado al productor, es de Bs 900 por tonelada; y el Precio Mínimo de Venta del arroz paddy húmedo también pagado al productor primario, tiene un costo de 0,925 bolívares el kilo para el tipo A y de 0,915 bolívares el kilo para el tipo B, los cuales ya entraron en vigencia el pasado 1º de julio.

El cumplimiento de estos precios será de obligatorio acatamiento para todos los que participen en la cadena de distribución de los mencionados rubros alimenticios y quienes incumplan con lo establecido en la resolución oficial o incurran en especulación, acaparamiento, usura, no fabriquen o impidan la distribución de los alimentos, serán sancionados de acuerdo a la referida Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

La empresa deberá reembolsar a sus usuarios el monto correspondiente por una semana de servicio

Caracas.- El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), ordenó el cierre temporal de la empresa cableoperadora Telemic Compañía Anónima (Intercable), hasta tanto esta no cumpla con su obligación de reintegrar una semana de pago a sus usuarios o usuarias, en virtud a las denuncias realizadas sobre interrupciones injustificadas del servicio.

 La directora nacional de fiscalización de Indepabis, Amira D’ Germano Ruíz, señaló que dicha medida obedece a un gran número de denuncias, por los diferentes mecanismos que la institución posee, sobre el mal servicio que prestan estas empresas de televisión por suscripción.

“Efectivamente las irregularidades son de diversas naturalezas pero lo que más es común denominador es la interrupción arbitraria e injustificada por todas las compañías prestadoras de servicio de esta actividad”, explicó la funcionaria.

También explicó que como medida de presión, la empresa Intercable no podrá suscribir nuevos contratos, afiliaciones o contrataciones mientras dure el lapso del procedimiento legal.

La medida sancionatoria está originada en un procedimiento administrativo que tuvo lugar el pasado 2 de julio, como respuesta a una falla presentada un día antes, cuando dejaron la señal de Venezolana de Televisión (VTV) sin audio, sin explicación alguna.

Asimismo, D’ Germano advirtió que en caso de no reembolsar Intercable el dinero correspondiente a sus suscriptores, se podría aplicar artículo 4, 8 y 5 del Código Penal Venezolano ya que se estará incurriendo en una falta de providencia penal.

Eduardo Samán, Ministro de Comercio. Foto: Globovisión

Caracas.- El ministro de Comercio y presidente de Indepabis, Eduardo Samán, afirmó el día de hoy que esperan que la Asamblea Nacional adelante una ley para regulación de la venta de vehículos en el país, a fin de otorgar las licencias de importación a las ensambladoras y evitar el sobreprecio en la venta de automóviles.

“Las importadoras que son las mismas ensambladoras nos reportan precios sugeridos por ejemplo para algunos vehículos de 35.000 a 50.000 y luego los venden tres o cuatro veces más elevados. Lo que queremos garantizar con las licencias de importación es que los vehículos lleguen al público en el precio sugerido por las propias compañías”, afirmó Samán, en declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión.

El funcionario aseguró que las importadoras y ensambladoras de vehículos están recibiendo dólares preferenciales para sus actividades y que en el actual momento tienen asignados más de 500 millones de dólares para el sector.

Samán también indicó que en muy poco tiempo serán entregadas las licencias de importación destinadas al sector automotríz y espera que en el segundo semestre del 2009, mejoren los precios y disponibilidad de vehículos en el país.

Indepabis controlará incremento de matrículas en colegios privados de Guárico | Foto: Archivo

Este lunes comenzón un operativo a través del cual el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) supervisará los planteles privados del estado Guárico. La medida se toma con el objeto de evitar que los directores de estas instituciones privadas violen el monto establecido para el incremento en las matrículas y mensualidades.

“La idea es garantizar que los padres y representantes en conjunto con los directivos de los planteles educativos establezcan cuál será el monto de las inscripciones para el nuevo año escolar y el precio de las mensualidades, sin exceder el 20% establecido en la Gaceta Oficial número 39188 de fecha 27 de mayo de 2009″, manifestó Orlando Chacín, coordinador de Indepabis en el estado Guárico.

El operativo de inspección tendrá lugar desde esta semana hasta el 31 de julio, buscando “garantizar el derecho a la educación de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional”, según informa la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).

“El llamado es a los directivos de las instituciones privadas a acatar esta norma y no exceder el 20% de aumento, pues de lo contrario podrían ser sancionados con multas que oscilan entre 100 y cinco mil unidades tributarias”, afirmó Chacín.

“La educación es un bien esencial y por ello el Estado está en la obligación de garantizar el acceso de la ciudadanía a una educación de calidad y para cumplirlo debe activar todos los mecanismos que sean necesarios”, se manifiesta en la nota de prensa de ABN.

El Poder Legislativo aplaudió las actuaciones del Ministerio del Interior sobre el caso de los vehículos. Foto: Archivo

Caracas.- La Asamblea Nacional, instó al Poder Judicial y al Ministerio Público, a actuar “diligentemente” y que actúen para establecer las responsabilidades y posibles delitos, cometidos por el propietario de los concesionarios Toyota, Toyoclub y Toyosan, Guillermo Zuloaga, en el caso de los vehículos nuevos ubicados en una residencia de su propiedad, presuntamente en estado de ocultamiento.

El exhorto del Poder Legislativo, está contenido en un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial número 39.189, de fecha viernes 29 de mayo de 2009, que circuló este lunes.

El parlamento venezolano apoya al ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, por las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado, en la defensa de las personas al acceso a bienes y servicios.

A Zuloaga, se le acusa por el presunto ocultamiento y acaparamiento de estas unidades con fines especulativos, además de presuntos delitos contemplados en la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en las leyes tribunales, violación de ordenanzas municipales, contaminación y daños ambientales y otros que pudieran derivarse de las investigaciones.

Tres embarcaciones serán ocupadas temporalmente para trasladar más de mil toneladas de sardinas hacia Sucre donde serán enlatadas. Foto: Archivo

El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, Indepabis, ordenó la ocupación temporal de tres embarcaciones sardineras, por encontrarse en situación de desuso durante más de un año.

De acuerdo a la versión ofrecida por el coordinador de Indepabis en la entidad insular, Luis López, a Unión Radio, la medida fue tomada en el marco de la operación, “Soberanía Alimentaria”, que adelanta el gobierno nacional, y permitirá trasladar a puerto mil toneladas de sardinas, para ser enlatadas en el estado Sucre.

En este sentido, la Planta sardinera, “La Gaviota”, que funciona en dicha entidad federal y que fue intervenida temporalmente por Indepabis, ya procesa aproximadamente 45 toneladas de sardinas, dispuestas en más de 127 mil latas rectangulares y casi 60 mil cilíndricas, según información suministrada por Indepabis en un comunicado publicado en su sitio web.

Indepabis tomará medidas contra el contrabando de extracción. Foto: Archivo

Caracas.- El ministerio de Comercio, anunció, el día de hoy a través de un comunicado aparecido en su sitio web, que iniciará una “contundente lucha” contra el contrabando de extracción.

En este sentido, funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, a través del Indepabis, en conjunto con el Ministerio Público y el Comando Regional Nº 1 de la Guardia Nacional con sede en el estado Táchira, estuvieron presentes en el primer seminario sobre el control y procedimientos contra el contrabando de extracción.

Dicho seminario fue realizado con motivo de la reciente reforma realizada por la Asamblea Nacional a la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, sobre el Contrabando de extracción, en lo referido a la retención de vehículos encargados de transportar bienes de primera necesidad, que incurran en irregularidades. Dicho seminario se propone afinar los mecanismos para dar cumplimiento a la Ley y luchar de manera contundente contra este delito.

La información fue suministrada por, Denisse Arias Núñez, consultora jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, al explicar que el artículo 111, ordinal 5, de la mencionada Ley establece la retención preventiva del vehículo o medio de transporte. Mientras que, el artículo 142 dispone que la pena de prisión será para quien incurra en este delito, es decir, el conductor, el propietario y cualquier otra persona implicada en el hecho, que en un principio estipulaba prisión de 2 a 6 años y ahora es de de 4 a 8 años. Con estas medidas, se pretende evitar que los transportistas se presten para las actividades del contrabando de extracción, ya que perderían su vehículo de transporte y estarían expuestos a considerables sanciones penales.

Por su parte el comandante del Core 1 de la Guardia Nacional, Franklin Márquez Jaimes, expresó que que lo relevante en la realización de esta jornada es la operatividad que se pueda lograr entre todos los entes involucrados.

Igualmente dice el comunicado que mediante iniciativas como el primer seminario sobre el control y procedimientos contra el contrabando de extracción, el Ministerio del Popular para el Comercio, sigue adelante en la lucha por la defensa de los derechos del pueblo en el acceso a los bienes y servicios, es por ello, que el dinero recaudado por la venta de algún rubro de primera necesidad es depositado en la cuenta del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Safonacc).

Eduardo Samán, ministro de Comercio y presidente de Indepabis. Foto: Globovisión

Caracas.- El ministro de Comercio y presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, Indepabis, Eduardo Samán, denunció el día de hoy el caso de presunto acaparamiento por parte de Guillermo Zuloaga, de un lote de vehículos marca Toyota, ante la Fiscalía del Ministerio Público.

Los vehículos incautados en un operativo especial realizado en días pasados en una residencia propiedad de Zuloaga, estaban a nombre de los concesionarios, Toyosan y Toyoclub, ambos propiedad del empresario y no estaban asignados a ninguna persona natural, lo que constituye una irregularidad, de acuerdo a lo señalado por Samán.

“Los certificados de origen y las facturas de compra no estaban firmadas por los compradores, en ToyoSan y ToyoClub cuando le venden a los particulares si las firman”, aseveró.

No obstante, el Ministro de Comercio y Presidente de Indepabis, dejó claro que será la Fiscalía del Ministerio Público la que determine si hubo delito o no. Agregó que podría tratarse de presunta “usura o ganancia desproporcionada”.

Del mismo modo, indicó que los organismos que conduce investigarán al sistema bancario y a las aseguradoras, pues están aprobando créditos para comprar vehículos a precios excesivos, los cuales son asegurados al mismo monto, avalando precios que no son reales.