Liberan pareja de campesinos guariqueños que habían sido condenados a 10 años de cárcel por participar de toma de un terreno. Foto: Archivo.

Caracas.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), determinó este lunes que la invasión de inmuebles ya no será considerada un delito en Venezuela, de acuerdo a una decisión tomada por el máximo juzgado luego de ordenar la desaplicación del artículo 471 del Código Penal que sancionaba esa práctica.

El veredicto de la máxima instancia del Poder Judicial se produjo tras declarar con lugar la petición de avocamiento interpuesta por los representantes legales de los campesinos guariqueños Martín Javier Jiménez y Rafael Celestino Belisario, quienes habían sido condenados a pagar una pena de 10 años y seis meses de prisión por la comisión de los delitos de invasión, perturbación violenta de la posesión de bienes inmuebles e incendio.

Los abogados de los acusados pidieron a la Sala Constitucional desaplicar toda norma penal que sancione la invasión y la perturbación violenta a la posesión de bienes inmuebles cuando se trate de conflictos suscitados con ocasión de la actividad agraria y por ende se correspondan con las competencias establecidas en la Ley de Tierras.

En este sentido, el máximo tribunal del país ordenó la liberación inmediata de los campesinos acusados, a pesar de que hasta ahora se desconoce el texto íntegro de la sentencia.

Por su parte, la presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, afirmó en unas declaraciones citadas en una nota de prensa que la decisión debería aplicarse también a otras personas juzgadas por el mismo delito y alabó al general Ezequiel Zamora, personaje histórico del siglo XIX que según sus palabras fue un “héroe de las masas campesinas, una figura muy destacada en la lucha antiesclavista, feudal y democrática”.

El veredicto fue criticado por algunos políticos de oposición como el gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas y el diputado por AD, Leomagno Flores, quienes consideraron que el mismo favorece la impunidad en el país.

Elecciones primarias de la MUD determinarán candidato unitario de la oposición. Foto: Archivo.

Caracas.- El Directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), decidió eliminar el código 8 de la tabla de objeciones del RE, que le impedía al ex alcalde de Chacao y máximo dirigente de la organización Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, postularse a cargos de elección popular.

A raíz de esta decisión, el precandidato a la Presidencia de la República recibe el visto bueno de la autoridad electoral para postularse a las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en las cuales podría resultar electo como candidato unitario de la oposición para las elecciones de octubre del 2012.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictaminó en días pasados que la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), la cual exigía al Estado venezolano restituir sus derechos políticos al dirigente opositor era inaplicable, no obstante dejó abierta la posibilidad para que se postule, siendo incierta su situación en caso de resultar electo.

El Código 8 programaba el sistema automatizado de postulación del CNE para que no permitiera una candidatura del ex alcalde.

Tanto el código 8, como el 7 -que identifica a los inhabilitados políticamente- son colocados en el RE desde el año 2006.
Los que tienen el código 7 no pueden votar, ni ser elegidos, mientras que quienes tienen el código 8 se les permite votar, pero no postularse.

Empresa Comercializadora Puente Electronics C.A, deberá cumplir contrato y pagar daños causados. Foto: Archivo.

Caracas.- El Tribunal Supremo (TSJ) decretó embargar por 8 millones 963 mil 136 bolívares los bienes de la empresa Comercializadora Puente Electronics C.A,la cual fue demandada por el ex alcalde Juan Barreto por incumplimiento de contrato para la adquisición de globos dirigibles del proyecto Sistema de Vigilancia Aérea del área metropolitana de Caracas.

El motivo de tal decisión se debe al incumplimiento del contrato firmado con el ex alcalde Barreto para suministrar varios dirigibles y dictar cursos de entrenamiento a las personas que estarían encargadas de operar el sistema de vigilancia.

La demanda, interpuesta en el año 2007, exige además que esa empresa y la corporación Agro Industrial Avales y Fianzas Caracas, fiadora, sean condenadas a cumplir el contrato y pagar daños causados.

Después de que la Fiscalía General de la República imputara al ex alcalde metropolitano, con esta decisión del TSJ queda exonerado, al establecer las responsabilidades sobre este caso y le da la razón a los argumentos presentados por Barreto.

Con información de:

NoticiasVE/ Agencia Venezolana de Noticias (AVN)

TSJ envió oficio a nueva directiva del parlamento para que allane inmunidad de diputados detenidos por diversos delitos. Foto: Archivo.

San Felipe.- Un grupo de simpatizantes de la oposición acudió hasta la residencia del diputado electo a la Asamblea Nacional por Yaracuy, Biaglio Pilieri, quien se encuentra bajo arresto domiciliario por presunta malversación de fondos públicos, a fin tomarle juramento de forma simbólica para su nuevo cargo como legislador.

Pilieri, fue impedido por el tribunal que sigue su caso para acudir a la instalación de la nueva Asamblea Nacional, debido a su situación judicial.

No obstante, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que apoyó su candidatura lo considera como un “preso político” y ha solicitado su liberación inmediata apelando a al inmunidad parlamentaria adquirida a partir de su elección como legislador.

Hoy la nueva directiva de la Asamblea Nacional, compuesta por los diputados Fernando Soto Rojas, Aristóbulo Isturiz y Blanca Eekhout, recibió un oficio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se pide que se activen los mecanismos legislativos para allanar la inmunidad parlamentaria de Hernán Claret Alemán, Biaggio Pilieri y José Sánchez Montiel, electos como diputados en las pasadas elecciones pero privados de su libertad por diversos delitos.

Los nuevos magistrados serán electos para un período de 12 años. Foto: Archivo.

Caracas.- La Asamblea Nacional realizará este martes una sesión especial para designar a los nueve magistrados principales y 32 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, anunció la presidenta del Parlamento, diputada Cilia Flores.

“Cumpliendo con los lapsos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (…) se convocó a una sesión para el martes próximo a las 2:00 de la tarde para la selección de estos magistrados”, dijo

Una vez recibida, el pasado miércoles, la lista de preseleccionados, que hizo el Poder Ciudadano, el Parlamento convocará a una sesión con la mayoría calificada para hacer la selección definitiva.

“Cumpliendo con los lapsos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia hoy (ayer miércoles) convoco a una sesión para el martes próximo a las 2:00 de la tarde para la selección de estos magistrados”, dijo.

Los nueve magistrados principales y 32 suplentes sustituirán a igual número de funcionarios que ya cumplieron su tiempo reglamentario de servicio en el máximo tribunal de la República y deben ser jubilados.

La fiscal general de la República y presidenta del Consejo Moral Republicano, Luisa Ortega Díaz, entregó este miércoles ante la Asamblea Nacional la lista de preseleccionados por parte del Poder Ciudadano, quienes suplirán las vacantes de los magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia.

La máxima representante del Consejo Moral Republicano indicó que proporcionó 313 expedientes de los abogados postulados, quienes ocuparán 9 cargos a magistrados titulares y 32 suplentes.

“En nombre del Poder Ciudadano vine a la Asamblea Nacional a consignar la lista de los preseleccionados para optar al cargo de magistrados del TSJ, a los fines de que el Parlamento haga la selección definitiva para saber quiénes ocuparán los 41 cargos en el máximo tribunal del país”, indicó Ortega Díaz.

La Constitución Nacional establece en su artículo 264 que los magistrados del TSJ son elegidos por un único período de 12 años.

Con información de:

NoticiasVE/ Agencia Venezolana de Noticias (AVN)

Con la decisión quedan inhabilitados políticamente. Foto: Archivo.

Caracas.- La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró inadmisible el recurso interpuesto por la defensa de los ex comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis, condenados a 30 años de prisión por su participación en los sucesos del 11 de abril del año 2002.

La decisión judicial inhabilita además a los ex policías para participar en las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre, para las cuales algunos de ellos habían declarado sus aspiraciones políticas.

El abogado defensor de los sentenciados, José Luis Tamayo, rechazó la decisión y afirmó que fue tomada con demasiado apresuramiento; también descartó la posibilidad de acudir ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la revisión de la sentencia y expresó que la única alternativa posible es acudir ante instancias internacionales.

Parlamento proseguirá discusión de la ley que rige al Poder Judicial. Foto: Archivo.

Caracas.- Este martes, la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) continuará la discusión de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), informó el presidente de la Comisión de Política Interior, diputado Tulio Jiménez.

Destacó que esta discusión será el punto principal de la jornada para avanzar en la aprobación de la norma.

Se espera que este martes se debata sobre los procedimientos y la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial.

Hasta ahora, han sido aprobados 52 de los 192 artículos del proyecto de ley que tiene como fin lograr la sistematización de este instrumento jurídico.

Jiménez explicó que el texto vigente condensa en 27 artículos el régimen, la organización y el funcionamiento del TSJ, máximo rector e intérprete de la Constitución.

Con información de:

NoticiasVE/ Agencia Bolivariana de Noticias ABN.

La Sala Penal consideró procedente la extradición del ex mandatario. Foto: Archivo.

Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), consideró procedente la solicitud de extradición del ex presidente Carlos Andrés Pérez, según sentencia número 83, Expediente 2010-6, magistrado ponente, Dr. Eladio Aponte Aponte.

La información fue dada a conocer a través del sitio web del TSJ, en el aparte de cuentas de la Sala Penal.

Realizada la audiencia ante la Sala Político Administrativa del TSJ contra el Currículo Bolivariano | Foto: Archivo

En audiencia pública y con la presencia de Delsa Solórzano Coordinadora Nacional de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia de Un Nuevo Tiempo, Luis Izquiel Asesor Jurídico de la tolda azul y miembros de la Asociación de Padres y Representantes del estado Carabobo como recurrentes, Eurídice Civira Procuradora del Estado, y Rossana Orihuela Fiscal del Ministerio Público, se expusieron los argumentos para la solicitud de aprobación del amparo constitucional contra el decreto 5907 promulgado por el Presidente de la República en donde se establece la entrada en vigencia del currículo bolivariano.

Delsa Solórzano, Coordinadora Nacional de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia de Un Nuevo Tiempo enfatizó que la razón principal por la que se interpone este amparo constitucional es para evitar la ideologización de la educación venezolana. “Es importante que en nuestro sistema educativo se respete la libertad de pensamiento, la educación debe ser integral, libre y democrática para todos los venezolanos; estamos dando la batalla desde hace año y medio para evitar que se imponga este currículo bolivariano que tiene contenidos muy graves como la creación del hombre nuevo”.

“El recurso de amparo interpuesto ante el TSJ es una medida que estoy ejerciendo como una ciudadana común de este país, y principalmente como madre preocupada por la educación de mis generaciones futuras, para evitar que nuestros hijos sean parte de un sistema educativo ideologizado, politizado” indicó la dirigente de la tolda azul.

Así mismo destacó que las condiciones en las que se fija la audiencia son de particular atención ya que “se fijan hoy, en plenas vacaciones escolares y ya efectuada la primera discusión del proyecto de Ley Orgánica de Educación en el seno de la Asamblea Nacional”.

Dentro de la Sala

Luis Izquiel, asesor jurídico de Un Nuevo Tiempo, presentó los argumentos por los cuales solicitan el amparo constitucional frente al decreto presidencial, enumerando las razones por las cuales consideran al mismo como violatorio de la Carta Magna y contradictorio con la Ley Orgánica de Educación, señalando que “la primera de ellas es que viola el artículo 102 de la Constitución Nacional que garantiza una educación libre para todos los venezolanos, y que al mismo tiempo, dicho decreto contradice lo establecido en la Ley Orgánica de Educación”.

“La segunda razón tiene que ver con la vulneración del artículo 5 de la Carta Magna en donde se consagra la soberanía del pueblo venezolano, debido a que acerca del currículo nacional bolivariano forma parte de una de las medidas de reforma constitucional, reforma que se sometió a consulta popular el 2 de diciembre y fue negada por el pueblo venezolano”.

Seguidamente intervino la vocera de la Asociación de Padres y Representantes del estado Carabobo para dejar sentado la preocupación de una parte de la población venezolana acerca del contenido “exageradamente militarista” que presenta el currículo bolivariano.

Tomó la palabra, de conformidad con los procedimientos legales la representante de la Procuraduría General de la República para presentar los alegatos por parte del estado venezolano, señalando lo siguiente: “nosotros solicitamos que no se declare con lugar el amparo interpuesto por los recurrentes ya que el ejecutivo nacional lo único que hizo fue cumplir con sus funciones al desarrollar los artículos contemplados en la Ley Orgánica de Educación, ya que es de competencia del Estado reglamentar el funcionamiento del sistema educativo”.

Por otra parte hizo referencia al tema de la denominación de “bolivariano” agregando que el apellido de “bolivariano” lo ha tomado el legislador inspirado en el preámbulo de la Constitución Nacional en donde se establece que Venezuela debe guiarse por los principios de Simón Bolívar. Y también dejó claro a los presentes en la sala que con esa medida se reivindicaba el “necesario culto a Bolívar como padre de la patria”.

Acto seguido, Delsa Solórzano tomó la palabra para esgrimir algunas consideraciones hechas por la Procuradora explicando: “el Estado venezolano está en la obligación de garantizar una educación con libertad de pensamiento para todos, y debemos hacer claras diferencias entre los conceptos pedagógicos utilizados en la norma educativa vigente y los que se utilizan en el decreto presidencial, los cuales son distintos, por lo que de nuevo se evidencia una clara violación de la Constitución y de la Ley Orgánica de Educación”.

Posteriormente, la Fiscal del Ministerio Público hizo su intervención señalando que “lo que ha hecho el decreto es fungir como el reglamento que simplemente desarrolla a la Ley Orgánica de Educación. Este recurso de amparo es un discurso político por parte de la oposición, y el Estado le garantiza la educación a todos los venezolanos”. Al mismo tiempo se dirigió a los presentes en la Sala con las siguientes preguntas ¿Cuál es el problema que la Educación sea Bolivariana? ¿Cuál es el problema que la Educación sea Bolivariana si Bolívar es un tema que no puede ser usado como tolda política?

Así mismo destacó que el “Culto a Bolívar no es algo que le pertenece a un color político, el pensamiento bolivariano nos cubre a todos los venezolanos por igual y nadie puede adueñarse de ello, los maestros no son quienes pueden determinar que se puede o debe enseñar acerca de Bolívar, todo este debate es producto de la transculturización que nos ha impuesto la oposición”.

Al final de la sesión

A las afueras del TSJ una vez finalizada la sesión Solórzano indicó “Los magistrados del TSJ tienen en sus manos la decisión, ellos pueden detener el nuevo proyecto de ley o se pueden convertir en los juristas del horror como tantos otros. El Tribunal no ha decidido hoy, se ha tomado sus 20 días correspondiente para hacer de conocimiento público su pronunciamiento, quedará en la conciencia de cada uno de ellos la responsabilidad de tener una educación libre o idelogizada para nuestros hijos”

Prensa UNT

Antonio Ledezma en el TSJ. Foto: Unión Radio

El alcalde mayor, Antonio Ledezma, acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de solicitar que sean liberados los recursos necesarios para que la institución que dirige pueda cancelar los pasivos laborales que adeuda a sus trabajadores.

“Vengo a reclamar la estabilidad de los trabajadores, miles de madres, miles de padres, y trabajadores que forman parte de esa institución, están actualmente en el limbo, en tinieblas, no se sabe como van a cobrar su sueldo y su salario, simplemente porque se ha ejecutado de manera artera, un golpe contra la Constitución Nacional, se ha desconocido esta ley que tiene rango de ley orgánica”, expresó Ledezma en declaraciones ofrecidas a Unión Radio.

Asimismo, el burgomaestre expresó que hay una colisión legal, que está afectando al Distrito Capital, puesto que según su criterio, la transferencia de recursos de la Alcaldía Mayor a la nueva jefatura de Gobierno fue realizada “a contrapelo de la Constitución”.

Ledezma instó a generar mecanismos que pongan fin a esta colisión de leyes, situación con la que justificó el hecho de que los trabajadores de la Alcaldía Mayor no hayan podido cobrar sus sueldos y salarios.

Ministro Tarek El Aissami. Foto: Archivo VTV

Caracas.- El ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, señaló este mártes, que las “mafias no tienen cabida en el proceso revolucionario”, en referencia al empresario, Guillermo Zuloaga, quien se encuentra acusado por presunta usura en compra- venta de vehículos.

El Ministro también agregó que no tienen patente de corso para hacer lo que les da la gana en el país, y señaló que la ley se aplica independientemente de la condición económica de la persona.

El Aissami ofreció estas declaraciones en rueda de prensa, como respuesta a la solicitud de antejuicio de mérito, formulada por Zuloaga ante el Tribunal Supremo de Justicia, en su contra, por los presuntos delitos de difamación e injuria.

La acción judicial de Zuloaga tiene lugar por las declaraciones que el ministro ofreció en una rueda de prensa, tras un procedimiento por el caso de Toyoclub y Toyosan, de propiedad de Zuloaga, quien está imputado ante el Ministerio Público por el presunto delito del ocultamiento de 24 vehículos en una residencia de su propiedad.

Sin embargo, el titular de Interior y Justicia afirmó: “Nosotros hemos hecho la investigación correspondiente y hemos presentado las pruebas pertinentes. Ahora le compete al Poder Judicial determinar si esas acciones que están allí revisten carácter penal”.

La sentencia establecía la confiscación de equipos y una multa. Foto: Archivo

La Sala Político Administrativa decidió que el recurso de nulidad interpuesto por Globovisión era improcedente  y ratificó que el decomiso de sus equipos de Microndas y la multa por 582 mil  bolívares dictadas por Conatel se ajustaban a derecho.Con ponencia de la magistrada Evelyn Marrero Ortíz, la Sala Política Administrativa dio la razón a Conatel, organismo  que en 2003 estableció que Globovisión estaba utilizando de forma irregular un ancho de banda mayor al que asignado.

La sanción acarreó el decomiso de varios equipos de microndas del canal y la imposición de una multa por 30 mil unidades tributarias.

Globovisón logró obtener una medida cautelar que suspendió el pago de dicha multa, pero la decisión tomada por el TSJ deja sin efecto dicho privilegio y exige que el canal cancele los 582 mil bolívares inmediatamente.

El canal aducía que estaba usando su propia frecuencia y que las inspecciones de Conatel se hicieron de manera irregular; sin embargo, sus argumentos fueron desechados primero por Conatel y ahora por el TSJ.

Según Luisa Estela Morales, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Foto: radiomundial.com

La presidenta Luisa Estela Morales justificó de esta manera las duras palabras que lanzase el Presidente Chávez en días recientes, exhortando a la Fiscal General y al misnitro Diosdado Cabello a proceder a cerrar Globovisión.La declaración la hizo en rueda de prensa del Consejo Penitenciario, que se reunió hoy para analizar la situación de los penales del país.

Según la magistrada, la forma en que el Presidente llama a la coordinación de los poderes puede sorprender a algunos, por lo “inusual” de esta forma de trabajar de los poderes públicos, que según explicó, “no se veía en la cuarta república”.

Por su parte, la Fiscal General de la República, también presente en la citada rueda de prensa, hizo referencia a las denuncias llegadas a su despacho en contra del canal. Especialmente las del ex alcalde de Maracaibo Giancarlo Di Martino.

Adelantó la máxima representante del Ministerio Público, que hay indicios de que las informaciones difundidas por Globovisión están afectando la tranquilidad mental de los ciudadanos. No quiso adelantar si su despacho tomará medidas contra el canal por este motivo, pero sí afirmó que era claro que el citado canal tenía la intención de aterrorizar a la población y crear un estado de zozobra.

Jesenia Fuentes y Antonio Molina. Foto: Archivo

Caracas.- La Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de Abril, Asovic, exhortó, al Tribunal Supremo de Justicia, a aplicar sanciones contra el canal de noticias, Globovisión, por lo que consideran “constante violación a los derechos humanos”, por parte del mencionado medio de comunicación.

La presidenta de la mencionada ONG, Jesenia Fuentes, indicó que esperan el inicio de un juicio contra Globovisión y recordó que el 13 de julio de 2005 el máximo tribunal de la República admitió un recurso de amparo por este caso.

Fuentes, quien recibió un impacto de bala en el rostro durante los hechos de violencia que tuvieron lugar el 11 de abril del 2002, expresó en declaraciones dadas a ABN: ” Pedimos a la sala constitucional a que ponga fecha a la audiencia para que se inicie el juicio y se le quite, de una vez por toda, la señal a este canal golpista”.

Del mismo modo, agregó: “Esta canal debe ser cerrado para que no continúe satanizando y ultrajando los derechos de toda la población”.

La activista destacó unas supuestas declaraciones emitidas por Globovisión, en las cuales se le acusaría por “enriquecerse” gracias al balazo recibido durante los hechos violentos del 11-A.

Fuentes acudió a la sede del TSJ en compañía del abogado de Asovic, Antonio Molina, quien se adhirió al referido recurso de amparo constitucional, por considerar que están más que vigentes los motivos por los cuales se interpuso el recurso legal, el cual, explicó, está sustentado en la “permanente transgresión de las leyes en que incurre Globovisión”.

Foto: Universal

La comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le han llegado las críticas y objeciones que el Gobierno de Venezuela ha formulado a la Ley Orgánica del Sistema de Justicia, está instancia espera que el parlamento las escuche y reforme el instrumento.

La petición se hizo en el informe anual 2008 del organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), encargado de velar por los derechos humanos en el país, difundido este jueves, en Washington (Estados Unidos).

“La CIDH espera que la Asamblea Nacional considere el alcance que el proyecto de Ley puede sobre la autonomía de los órganos encargados de velar por la protección y promoción de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, así como la independencia de los órganos del sistema de justicia”, indicó.

El reportero del organismo precisó la creación de la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, organismo que se encargará de la “planificación y coordinación de las políticas y planes del sistema de justicia” la cual estará integrada por magistrados del Tribunal Supremo, la Fiscal General, el Ministro de Interior y Justicia, la Fiscal General, la Procuradora, los Diputados de la Asamblea y Representantes de los Consejos Comunales.

La instancia también se refirió a la provisionalidad entre los jueces y fiscales, a la que determinó de “endémica”, y exigió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como a la Fiscalía tomar las medidas necesarias para poner fin a esta situación.

El organismo lamentó que el estado no le haya notificado sobre los resultados del Plan de Formación Integral para los abogados que aspiran ser jueces, el cual se inició en el 2007 con 3.916 aspirantes, pero el cual se desconoce sus frutos hasta ahora.